Este artículo discute la complejidad de las luchas contemporáneas por la salud colectiva en Colombia, analizando los esfuerzos de diferentes actores por inscribir el aborto como un asunto de salud pública y como un derecho humano.

En 2006 la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia C 355 de 2006) despenalizó parcialmente el aborto en determinadas circunstancias.

Tal cambio en la regulación fue el resultado de la coordinación estratégica de organizaciones internacionales, investigadores y movimientos sociales de mujeres.

Estos grupos produjeron una poderosa red de regulación internacional y datos epidemiológicos sobre la mortalidad del aborto y la carga de la enfermedad para trasladar la discusión del campo moral a la salud pública y el derecho internacional. A pesar de la importancia de la sentencia en términos de derechos civiles,
diez años después de la regulación no hay claridad sobre su impacto. Los sectores conservadores dentro del gobierno han limitado la operación de la regulación, al obtener reglas complicadas para hospitales y proveedores de atención. Por otro lado, los datos sobre abortos seguros son débiles y precarios.
Recientemente, grupos que se oponen al aborto han explotado tal debilidad para socavar el impacto de la despenalización y criticar la justificación de la legalización del aborto como un asunto de salud pública.